Lote 1 AB y lote 8-8x

Más de 35 años de explotación petrolera en la cuenca del río Corrientes

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En la cuenca del río Corrientes se ubica otro segmento del territorio del pueblo Achuar, que desde hace más de 35 años sufre las consecuencias de la contaminación por la explotación ambiental y socialmente irresponsable de las empresas petroleras.

En el año 1970 empiezan las operaciones de exploración y explotación petrolera en los lotes 1AB y 8-8X sobrepuestos a los territorios de las comunidades Achuar, Kichwa y Urarina, a cargo de las empresas OXY y PETROPERÚ respectivamente, y desde 1996 a cargo de PLUSPETROL NORTE S.A. en lote 8-8X, y a partir del 2000 en el lote 1 AB. A pesar que la producción de ambos lotes provee alrededor del 50% del petróleo que consume el Perú, sin embargo esta riqueza a los pueblos indígenas sólo les ha significado graves daños a su ambiente y salud.

Las empresas OXIDENTAL (OXY) lote 1AB, PETROPERÚ en el lote 8-8X han sido empresas que discriminaban a las comunidades, violaban los derechos del Pueblo Achuar, Kichwa y Uraina en el río Corrientes.

Desde el año 2003, las comunidades del Corrientes están agotando los esfuerzos para entablar un acuerdo con la empresa PLUSPETROL NORTE S.A. basado en los derechos a su integridad territorial, cultural, a su bienestar y su desarrollo, acuerdo marco que determine la realización de acciones de restitución de las condiciones ambientales para la vida sana en las comunidades, indemnización por daños, atención de emergencia a la salud, derecho a la vigilancia y monitoreo de las actividades, eliminación de procedimientos contaminantes, justa distribución por los beneficios económicos que generan la extracción del recurso y otros.

La empresa PLUPETROL NORTE S.A. por su lado, ha continuado propiciando la división de las comunidades apoyando la creación de una nueva organización FEPIBAC en el río Corrientes, alentando la formación de mini-empresas de servicios de limpieza y otros en las comunidades, y propiciando la firma de acuerdos con algunas comunidades para entregar bienes y obras que no compensan mínimamente los derechos afectados, el uso que hace la empresa de los recursos y tierras comunales, los daños y contaminación ocasionados al agua y a la base alimentaría y de salud de la población.

Ante las denuncias de la organización FECONACO por sus derechos, las autoridades del estado se han comprometido en varias oportunidades a evaluar la situación y proponer medidas de solución cuya ejecución estaría a cargo de los organismos públicos correspondientes. Pero hasta ahora el compromiso y la justa atención del Estado a este problema no se ha cumplido.

Se hace necesario acompañar este proceso para analizar y encontrar otros medios de defensa de estos pueblos.